Informe revela perjuicios irremediables contra ciudadanos colombo venezolanos tras la anulación de cédulas de ciudadanía

Más de 42.000 ciudadanos colombianos han sufrido daños irremediables en el ejercicio de su identidad ciudadana y el acceso a derechos, como consecuencia de la anulación de cédulas de ciudadanía, por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Ante esto, la organización Refugiados Unidos y la corporación Opción Legal emitieron un primer informe conjunto titulado: “Realidades y retos de la anulación de registros civiles de nacimiento en Colombia”, que expone detalladamente las irregularidades encontradas tras esta anulación de cédulas de ciudadanía, además de las graves consecuencias que el Estado colombiano ha ocasionado a los afectados.

Inconsistencias legales y administrativas
Como se recordará, la Registraduría decidió anular los Registros Civiles de Nacimiento (RCdeN) de estos ciudadanos, en su mayoría nacidos en Venezuela, por el presunto hallazgo de inconsistencias en sus actas de nacimiento que los descalificarían para la nacionalidad colombiana, no obstante, el informe presentado por Refugiados Unidos y Opción Legal mostraron varias irregularidades del debido proceso:

1. Falta de notificación formal: la mayoría de los colombianos afectados con la anulación de cédulas de ciudadanía nunca fueron notificados por la Registraduría, sino que se enteraron cuando la medida comenzó a surtir efecto (cierre de sus cuentas bancarias, suspensión de la EPS, detenciones policiales, etcétera), o por los comentarios de otros conciudadanos afectados. En algunos casos, los afectados sufrieron detenciones policiales y escarnio público al ser señalados de poseer “falsa identidad”.

2. Fallas en la debida motivación del acto administrativo: en la mayoría de los casos de anulación de cédulas de ciudadanía, la Registraduría no explica por escrito las razones específicas de tal decisión, sino que a la mayoría de los afectados se les dio la misma respuesta genérica, llena de vacíos, lo que reduce significativamente las opciones de defensa.

3. No se escucharon a los afectados antes de tomar una decisión: se desconoció la jurisprudencia nacional e internacional de escuchar a la parte afectadas antes de tomar una decisión tan radical como la anulación de cédulas de ciudadanía, teniendo en cuenta los perjuicios que esto genera a los afectados.

4. Barreras al derecho a la defensa: estas mismas irregularidades procedimentales de la Registraduría, aunado a las respuestas deficientes de muchos de sus funcionarios ante los derechos de petición de los afectados, representan graves barreras que obstaculizan una respuesta efectiva ante la anulación de los RCdeN.

La anulación de cédulas de ciudadanía convirtió, de la noche a la mañana, a alrededor de 42.000 colombianos en “migrantes irregulares”, incluso con riesgo de apatridia, como ha sucedido con la mayoría de estos casos que son ciudadanos colombo-venezolanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la anulación de documentos que acreditan la nacionalidad de una persona son procedimientos tan especiales y complejos, que deberían guiarse por unas garantías mínimas a saber: el principio de legalidad, garantía de no discriminación, proporcionalidad del acto, prevenir la apatridia y respetar el debido proceso, teniendo en cuenta
también a población que merece una protección especial. 

Merece especial atención la situación de los colombianos nacidos en Venezuela, considerados 
como ciudadanos retornados, quienes huyeron de la crisis que vive su país natal para llevar una vida normal en Colombia, y por tal razón se les consideran sujetos que necesitan protección especial. Pero, con la anulación de sus cédulas de ciudadanía, muchos de ellos están en doble condición de vulnerabilidad, tanto por ser retornados como por el riesgo de apatridia, ante la imposibilidad de acceder a documentación legal venezolana.

¿Qué se ha encontrado?
El informe emitido por Refugiados Unidos y Opción Legal contiene datos que arrojan luces sobre la magnitud de los daños irreparables que sufrieron estas personas. La información presentada a continuación corresponde a las personas asistidas legalmente por Refugiados Unidos y Opción Legal en la región de Bogotá – Boyacá: 

– 86 % de las personas afectadas con la anulación de cédulas de ciudadanía provienen de Venezuela.
– Del porcentaje anterior, todos son mayores de edad, lo que significa que ninguno de ellos pudieron ejercer su derecho al voto en las pasadas elecciones legislativas y presidenciales.
– 1,9 % de los colombo-venezolanos afectados es mayor de 60 años, es decir, son personas sujetas de protección especial constitucionalidad, a quienes se les ha vulnerado su derecho a la salud, pensiones, etcétera.
– Solo tres de las más de 40 personas atendidas por Refugiados Unidos y Opción Legal fueron debidamente notificadas por la Registraduría sobre la anulación de sus cédulas.Área de Comunicaciones – Boletín de prensa
– Apenas dos de 50 casos documentados incluyeron los argumentos de hecho dentro del procedimiento de anulación. En los otros casos se encontró una argumentación generalizada sin aterrizar al caso concreto, ni a las situaciones de cada usuario.
– El 23,21 % de los afectados no interpusieron ningún mecanismo legal de defensa, lo que se puede interpretar como desconocimiento o temor a represalias institucionales. Solo 1,9 % introdujo acciones de tutela y el 63,5 % interpuso un derecho de petición.
– La mayoría de los casos atendidos con anulación de cédulas de ciudadanía no recibieron respuestas de la Registraduría dentro de los lapsos mínimos legales, es decir, en el tiempo preestablecido y con las condiciones procedimentales que caracteriza cada acción.
– Solo 11 de 52 casos estudiados obtuvieron respuestas de fondo a sus respectivas situaciones, los demás recibieron las mismas respuestas genéricas y predeterminadas, que no respondían en lo absoluto al derecho de petición.
– Quienes sí cumplieron los requisitos para acceder a mecanismos judiciales, el 36,5 % obtuvo respuesta negativa y el 25 % todavía espera respuesta, perpetuando así la vulneración de sus derechos fundamentales.

Acciones legales
Tanto Refugiados Unidos como Opción Legal han introducido acciones de tutela ante la Corte Suprema de Justicia, para la restitución de derechos de sus representados con anulación de cédulas de ciudadanía. Del total de casos presentados ante el máximo organismo judicial del país, los magistrados han seleccionado a dos: T8885249 y el T8747025z, siendo representados por Refugiados Unidos y el consultorio jurídico de la Universidad del Rosario.

Mientras se espera una respuesta firme, tanto Refugiados Unidos como Opción Legal preparan un segundo informe donde se expondrán mayores detalles sobre estos casos de anulación de cédulas de ciudadanía, con el propósito de contribuir con el restablecimiento de la protección y derechos de estos ciudadanos colombianos por derecho.

Para leer detalladamente este informe, hacer clic en este enlace:
https://www.refugiadosunidos.org/archivos-informe/informe-realidades-y-retos-de-la-anulacion-de-registros-civiles-de-nacimiento.pdf

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